14 de marzo de 2010

DIEGO F. HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Museos y centros de documentación que cierran sus servicios al ciudadano de forma temporal por problemas económicos y el recorte en las ayudas públicas que reciben, caso de El Museo Canario; ayuntamientos que prescinden de las plazas de archivero municipal, como ocurre en la capital grancanaria; y archivos insulares, caso de La Gomera, en cuya sede se instala una escuela de silbo. Tres situaciones que se replican en toda Canarias con normalidad absoluta fruto del lento desarrollo de la Ley 3/1990 de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.

La dejadez institucional es patente en este sentido, a juicio de la Asociación de Archiveros de Canarias, que agrupa a un centenar de profesionales de todas las islas. "Parece que los archiveros somos profesionales invisibles, que sólo estamos como hormiguitas que trabajan en silencio, nada que ver con bibliotecas u otros servicios. El ciudadano no se entera, y como no somos visibles, no somos rentables, y no se invierte en lo que hacemos".

Argelia Camino es la presidenta de este colectivo que, tras el cierre parcial de El Museo Canario, han levantado la voz para exigir que las distintas administraciones se hagan responsables de la parte que les toca en la custodia, documentación y servicios en la materia.

"El problema es que tenemos un marco al que le falta la foto", dice Argelia Camino en relación con una normativa que no ha completado su reglamentación. Si en la Comunidad autónoma "se están haciendo bien las cosas", no ocurre lo mismo con las administraciones locales e insulares. Es aquí donde falla el sistema. La portavoz de los archiveros explica que "la ley 3/90 se ha desarrollado en parte y los cabildos no han hecho sus deberes, y por tanto cada archivo local funciona de esa manera, unos muy bien, otros funcionan simplemente, y otros que son deprimentes, como ocurre en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde la plaza de archivero ha sido amortizada".

Con la ley en la mano, situaciones como la de la capital grancanaria se podrían haber recurrido. En la práctica, "el ciudadano será el gran perjudicado porque lo fácil es prescindir de la figura del archivero, y dejar a cargo del servicio al administrativo de turno que no es archivero", apunta Camino. Desidia y falta de respeto profesional. "No se respeta a la profesión, somos titulados superiores y nuestro trabajo es mucho más que meter un documento en una caja", agrega.

En este contexto, y sin que el colectivo de archiveros tenga conocimiento de las pretensiones del Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, para el desarrollo de la citada ley, en los archivos de las instituciones públicas "todas las manos son pocas", según Argelia Camino. La situación es más compleja en instituciones privadas como El Museo Canario y en colegios profesionales. El caso de El Museo Canario no es extrapolable al resto de servicios de archivo y documentación en las Islas, aunque sí es "un claro ejemplo del difícil momento que atraviesan los archivos canarios, con falta de personal técnico, con infraestructuras obsoletas, que en muchos casos han motivado el cierre del servicio con un nivel insuficiente de recursos tecnológicos y con una escasa implicación política", asegura la especialista.